Nuevo informe encuentra lagunas en la preparación de los estados para emergencias de salud pública

La COVID-19 muestra daño crítico de subinversión en infraestructura de salud pública

(Washington, DC) — 10 de marzo de 2021 – La pandemia de COVID-19 ha demostrado claramente que la inversión insuficiente en la preparación para responder a emergencias de salud pública puede costar cientos de miles de vidas y causar estragos en la economía. Un nuevo informe publicado hoy por Trust for America’s Health (TFAH) midió el desempeño de los estados en 10 indicadores clave de preparación para emergencias y encontró espacio para mejorar en todas las jurisdicciones.

El informe Ready or Not 2021: Protecting the Public’s Health from Diseases, Disasters and Bioterrorism midió la preparación de los estados para emergencias de salud de cualquier tipo (no solo la crisis del COVID-19).  Este informe colocó a 20 estados y al Distrito de Columbia en una categoría de alto nivel de preparación, 15 estados en un nivel de preparación medio y 15 estados en un nivel de preparación bajo.

Durante casi dos décadas, TFAH ha examinado la preparación para emergencias de salud pública de la nación en este informe anual. Durante ese tiempo, todos los estados han mejorado su preparación para emergencias, pero todos continúan teniendo espacio para un fortalecimiento adicional de sus programas de respuesta de salud pública.

 

Rendimiento estatal, por nivel de puntuación, 2020

Performance Tier States Number of States
High Tier CO, CT, DC, DE, GA, ID, KS, MA, MD, ME, MS, NC, NE, NM, OK, RI, UT, VA, VT, WA, WI 20 states and DC
Middle Tier AL, CA, FL, IA, IL, KY, LA, MI, MN, MT, ND, NJ, OR, TN, TX 15 states
Low Tier AK, AR, AZ, HI, IN, MO, NH, NV, NY, OH, PA, SC, SD, WV, WY 15 states

“La importancia de este informe es que brinda a los estados datos procesables para adoptar políticas que salven vidas. La crisis de COVID-19 muestra que tenemos mucho más trabajo por hacer para proteger a los estadounidenses de las amenazas a la salud, particularmente en las formas en que el racismo estructural crea y exacerba los riesgos para la salud dentro de las comunidades de color ”, dijo John Auerbach, presidente y director ejecutivo de Trust for Salud de Estados Unidos. “Los estados deben tomar medidas enérgicas para apuntalar su preparación para todo tipo de emergencias de salud pública”.

Si bien los hallazgos del informe no son una medida de la respuesta COVID-19 de ningún estado, demuestran que si bien la preparación de los estados es importante, las emergencias de salud nacionales en la escala de una pandemia requieren un liderazgo y una coordinación federales fuertes, e inversiones a largo plazo en salud pública. infraestructura y mano de obra. Los estados por sí solos, incluso aquellos que ocupan un lugar destacado en este informe, no están lo suficientemente equipados para responder a una pandemia sin ayuda federal, dicen los autores del informe.

El informe encontró:

La mayoría de los estados han hecho preparativos para expandir la atención médica y las capacidades de salud pública en una emergencia, a menudo a través de la colaboración. Treinta y cuatro estados participaron en el Nurse Licensure Compact, en comparación con 26 en 2017. El pacto permite a las enfermeras registradas y las enfermeras prácticas o vocacionales con licencia ejercer en múltiples jurisdicciones con una sola licencia. En caso de emergencia, esto permite a los funcionarios de salud aumentar rápidamente sus niveles de personal. Además, los hospitales de la mayoría de los estados tienen un alto grado de participación en coaliciones de salud. En promedio, el 89 por ciento de los hospitales estaban en una coalición y 17 estados y el Distrito de Columbia tenían participación universal, lo que significa que todos los hospitales de la jurisdicción eran parte de una coalición. Dichas coaliciones unen a los hospitales y otras instalaciones de atención médica con la gestión de emergencias y los funcionarios de salud pública para planificar y responder a los incidentes. Finalmente, todos los estados y el Distrito de Columbia tenían laboratorios de salud pública que tenían planes para una gran afluencia de necesidades de pruebas. Esta capacidad de aumentar la capacidad de prueba de laboratorio durante la crisis de COVID-19 fue extremadamente crítica.

La mayoría de los estados están acreditados en las áreas de salud pública, manejo de emergencias o ambos. A diciembre de 2020, la Junta de Acreditación de Salud Pública (PHAB) o el Programa de Acreditación de Gestión de Emergencias (EMAP) acreditaron 42 estados y el Distrito de Columbia; 29 estados y el Distrito de Columbia fueron acreditados por ambos grupos, un aumento neto de uno desde noviembre de 2019. Ambos programas ayudan a garantizar que los sistemas necesarios de preparación y respuesta ante emergencias estén en su lugar y con personal calificado.

Las tasas de vacunación contra la influenza estacional, aunque aún son demasiado bajas, han aumentado significativamente. La tasa de vacunación contra la influenza estacional entre los estadounidenses de 6 meses o más aumentó del 42 por ciento durante la temporada 2017-2018 al 52 por ciento durante la temporada 2018-2019, pero aún está por debajo de la tasa de vacunación objetivo del 70 por ciento establecida por Healthy People 2030.

En 2019, solo el 55 por ciento de los residentes estatales empleados, en promedio, usaron tiempo libre remunerado, el mismo porcentaje que en 2018. Aquellos sin licencia remunerada tienen más probabilidades de trabajar cuando están enfermos y corren el riesgo de propagar la infección. Esto se volvió particularmente relevante durante la pandemia de COVID-19, ya que el aislamiento y la cuarentena son herramientas importantes para controlar el brote.

La mayoría de los residentes que obtuvieron el agua de su hogar a través de un sistema de agua comunitario tenían acceso a agua potable. En promedio, solo el 5 por ciento de los residentes del estado utilizó un sistema de agua comunitario en 2019 que no cumplía con todos los estándares de salud aplicables.

El informe incluye recomendaciones de acciones por parte de los legisladores federales y estatales para mejorar la preparación para emergencias de salud pública de la nación en siete áreas prioritarias:

  • Proporcionar financiación suficiente y estable para la seguridad de la salud pública nacional y mundial.
  • Fortalecer las políticas y los sistemas para prevenir y responder a brotes y pandemias.
  • Construir comunidades resilientes y promover la equidad en salud en general y en la preparación.
  • Asegurar liderazgo, coordinación y fuerza laboral efectivos en salud pública.
  • Acelerar el desarrollo y la distribución, incluida la distribución de última milla, de contramedidas médicas.
  • Fortalecer la capacidad del sistema de salud para responder y recuperarse durante y de emergencias de salud.
  • Prepárese para las amenazas ambientales y el clima extremo.

El informe de la serie Ready or Not está financiado por la Fundación Robert Wood Johnson con el apoyo adicional de The California Endowment, W.K. Fundación Kellogg y Fundación Kresge.

###

Trust for America’s Health es una organización no partidista sin fines de lucro que promueve la salud óptima para cada persona y comunidad y hace de la prevención de enfermedades y lesiones una prioridad nacional. Twitter: @HealthyAmerica1

Increases in Drug Overdose Death Rates Were Up Before COVID-19 and Are Continuing to Rise During the Pandemic

Trust for America’s Health and Well Being Trust Call for Renewed Focus on Preventing Deaths of Despair

DISTRICT OF COLUMBIA & OAKLAND, CA – Dec. 23, 2020 – According to data released this week by the National Center for Health Statistics, in 2019 age-adjusted drug overdose deaths increased slightly over the prior year.  Coupled with data released last week by the CDC showing increases in drug overdose deaths in early 2020, these reports demonstrate the continuing upward trajectory of drug deaths in the U.S, a trend that is being compounded by the COVID-19 pandemic.

The age-adjusted rate of drug overdose during 2019 was 21.6 per 100,000 deaths, up from the 2018 rate of 20.7 per 100,000. In 2019, 70,630 people died due to drug overdose in the United States.

Between 1999 and 2019 the rate of drug overdose deaths increased for all groups aged 15 and older, with people aged 35-44 experiencing the highest single year increase in 2019.  While rates of drug overdose deaths involving heroin, natural and semisynthetic opioids, and methadone decreased between 2018 and 2019 the rate of overdose deaths involving synthetic opioids other than methadone continued to increase.

2018 data showing only minor progress after decades of worsening trends, provisional drug overdose data showing an 18% increase over the last 12 months, and the recent CDC Health Alert Network notice on early 2020 increases in fatal drug overdoses driven by synthetic opioids all underscore the continued impact of the deaths of despair crisis and how the COVID-19 pandemic has further diminished the mental health and well-being of many Americans.

“These 2019 overdose rates and the outlook for 2020 are extremely alarming and the result of insufficient prioritization and investment in the well-being and health of Americans for decades,” said John Auerbach, President and CEO of the Trust for America’s Health. “As we work to recover from the COVID-19 pandemic, we must take a comprehensive approach that includes policies and programs that help Americans currently struggling and target upstream root causes, like childhood trauma, poverty and discrimination in order to help change the trajectory of alcohol, drug, and suicide deaths in the upcoming decades.”

Over the last five years, Trust for America’s Health (TFAH) and Well Being Trust (WBT) have released a series of reports on “deaths of despair” called Pain in the Nation: The Drug, Alcohol and Suicides Epidemics and the Need for a National Resilience Strategy, which include data analysis and recommendations for evidence-based policies and programs that federal, state, and local officials.

“If leaders don’t act now to stymie America’s mental health and addiction crises, next year’s data will easily surpass the astounding numbers we’re seeing today,” said Dr. Benjamin F. Miller, PsyD, Chief Strategy Officer at Well Being Trust. “Overdose deaths can be prevented if individuals who are struggling are able to access the appropriate services and supports – and with greater demonstrated success if the care individuals receive is rooted in their immediate communities.”

 

Drug Overdose Deaths, 1999-2019 (Rates age-adjusted)

Year Deaths Deaths per 100,000
1999 16,849 6.1
2000 17,415 6.2
2001 19,394 6.8
2002 23,518 8.2
2003 25,785 8.9
2004 27,424 9.4
2005 29,813 10.1
2006 34,425 11.5
2007 36,010 11.9
2008 36,450 11.9
2009 37,004 11.9
2010 38,329 12.3
2011 41,340 13.2
2012 41,502 13.1
2013 43,982 13.8
2014 47,055 14.7
2015 52,404 16.3
2016 63,632 19.8
2017 70,237 21.7
2018 67,367 20.7
2019 70,630 21.6

 Sources:
CDC – NCHS – National Center for Health Statistics
https://emergency.cdc.gov/han/2020/han00438.asp
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-overdose-data.htm

 # # #

 

About Trust for America’s Health
Trust for America’s Health is a nonprofit, nonpartisan organization that promotes optimal health for every person and community and makes the prevention of illness and injury a national priority. Twitter: @HealthyAmerica1

 

About Well Being Trust
Well Being Trust is a national foundation dedicated to advancing the mental, social, and spiritual health of the nation. Created to include participation from organizations across sectors and perspectives, Well Being Trust is committed to innovating and addressing the most critical mental health challenges facing America, and to transforming individual and community well-being. www.wellbeingtrust.org Twitter: @WellBeingTrust

 

Policymakers and Health Systems Must Earn Trust within Communities of Color and Tribal Nations to Ensure COVID-19 Vaccine Receptivity, Say Health and Public Health Leaders

Policy brief calls for building vaccine acceptance in communities of color and tribal communities through data transparency, tailored communications via trusted messengers, ensuring ease of vaccine access and no out-of-pocket costs

(Washington, DC – Dec. 21, 2020) – A woeful history of maltreatment of communities of color and tribal nations by government and the health sector, coupled with present day marginalization of these communities by the healthcare system, are the root of vaccine distrust among those groups, according to a policy brief, Building Trust in and Access to a COVID-19 Vaccine Among People of Color and Tribal Nations released today by Trust for America’s Health (TFAH) and co-authors the National Medical Association (NMA) and UnidosUS.

This historic maltreatment, coupled with current day structural racism, has played out in COVID-19’s disproportionate impact on communities of color and tribal communities. These factors also make ensuring vaccine receptivity and access within those communities challenging and of critical importance to protecting lives and ending the pandemic.

In October 2020, TFAH, NMA and UnidosUS hosted a policy convening with 40 leading health equity, healthcare, civil rights, and public health organizations. The purpose of the convening was to advise policymakers on the barriers to vaccine receptivity within communities of color and tribal communities and how to overcome those barriers.

“Earning trust within communities of color and tribal communities will be critical to the successful administration of the COVID-19 vaccine. Doing so will require prioritizing equity, ensuring that leaders from those communities have authentic opportunities to impact vaccine distribution and administration planning, and, the resources to fully participate in supporting vaccine outreach, education and delivery in their communities,” said Dr. J. Nadine Gracia, Executive Vice President and COO of Trust for America’s Health.

The convening created recommendations for policy actions that should be taken immediately within six key areas:

Ensure the scientific fidelity of the vaccine development process.

  • HHS and vaccine developers should release all available vaccine data at frequent and regular intervals to improve transparency and increase confidence in the vaccine evaluation process. Leadership at FDA and HHS must commit to advancing any vaccine only after it has been validated based on established federal and scientific protocols. Programs to monitor for adverse events must also be in place and transparent. Any perception of bypassing safety measures or withholding information could derail a successful vaccination effort.
  • FDA should engage health and public health professional societies, particularly those representing healthcare providers of color, local public health officials, as well as other stakeholders with a role in vaccination, and allow these groups to validate all available data, review the vaccine development and approval process, and issue regular updates on data to their patients, members, and the public.

 Equip trusted community organizations and networks within communities of color and tribal nations to participate in vaccination planning, education, delivery and administration.  Ensure their meaningful engagement and participation by providing funding.

  • Congress should fund CDC and its state, local, tribal, and territorial partners to provide training, support, and financial resources for community-based organizations to join in vaccination planning and implementation, including community outreach, training of providers, and participation in vaccination clinics. State, local, tribal, and territorial authorities should authentically engage and immediately begin vaccination planning with community-based organizations, community health workers/promotores de salud, faith leaders, educators, civic and tribal leaders, and other trusted organizations outside the clinical healthcare setting as key, funded partners.

Provide communities the information they need to understand the vaccine, make informed decisions, and deliver messages through trusted messengers and pathways.

  • Congress should provide at least $500 million to CDC for outreach, communication, and educational efforts to reach priority populations in order to increase vaccine confidence and combat misinformation. All communications must be culturally and linguistically appropriate and tailored as much as possible to reach diverse populations as well as generations within groups.
  • FDA and CDC should initiate early engagement with diverse national organizations and provide funding and guidance for state, local, tribal, and territorial planners to help shape messaging and engage locally with healthcare providers in communities of color and tribal communities, such as nurses, pharmacists, promotores de salud, community health workers, and others to ensure they have the information they need to feel comfortable recommending the vaccine to their patients. Congress and HHS should provide funding for training and engagement of trusted non-healthcare communicators to help shape messaging and to train informal networks, civic and lay leaders, and other trusted community leaders and community-based organizations to answer questions and encourage vaccination.
  • All messaging about the vaccine must be appropriate for all levels of health literacy. Communication should be realistic and clear about timelines and priority groups (and the rationale for these decisions), vaccine effectiveness, types of vaccines, the number of doses, costs, and the need for ongoing public health protections. Planners must provide information that meets people where they are (e.g., barber shops, bodegas, grocery stores, places of worship, etc.) and ensure that trusted messengers in those places have the information they need to be credible and authentic spokespeople.

 

Ensure that it is as easy as possible for people to be vaccinated. Vaccines must be delivered in community settings that are trusted, safe and accessible.

  • We urge the administration and Congress to appropriate the resources necessary to expand and strengthen federal, state, local, territorial, and tribal capacity for a timely, comprehensive, and equitable COVID-19 vaccination planning, communications, distribution, and administration campaign, including funding to support vaccine distribution at the local level and by community-based organizations.
  • Congress and HHS should allocate funding to increase access to vaccination services to ensure that people seeking to be vaccinated do not experience undue increased exposure to the virus as they travel to, move through, and return home from vaccination sites. Flexibility in funding is needed to enable transport of people to vaccination sites, increase accessibility to people without cars, and promote safety and minimize exposure at vaccination locations. Funding should also be provided to health and community-based agencies to assist those for whom transportation or childcare costs are an obstacle to receipt of the vaccine.
  • Planners should ensure that vaccination sites are located in areas that have borne a disproportionate burden of COVID-19, especially leveraging community-based organizations such as Federally Qualified Health Centers, community health centers, rural health centers, schools and places of worship. Mobile services will be particularly important in rural areas. Planners should prioritize congregate living facilities, such as long-term care, prisons, and homeless shelters. In addition, some families, displaced by the COVID economic fallout, may be living with relatives. Planners should ensure vaccination sites have services that meet the Americans with Disabilities Act (ADA) and HHS Office for Civil Rights (OCR) standards for disability and language access.
  • Federal state, local, tribal, and territorial officials must guarantee and communicate with the public that immigration status is not a factor in people’s ability to receive the vaccine and that immigration status is not collected or reported by vaccination sites/providers. Similarly, the presence of law enforcement officers or military personnel could be a deterrent for vaccination at locations, so planners should consider other means of securing sites.
  • In the initial phase, as communities vaccinate healthcare workers, planners must be sure to prioritize home health, long-term care, and other non-hospital-based healthcare workers, who are more likely to be people of color. Other essential workers that comprise large numbers of workers who are people of color and should be treated as within the vaccination priority groups are the food service industry, farmworkers and public transportation employees.

Ensure complete coverage of the costs associated with the vaccine incurred by individuals, providers of the vaccine, and state/local/tribal/territorial governments responsible for administering the vaccine and communicating with their communities about it.

  • Congress, the Centers for Medicare and Medicaid Services, and private payers must guarantee that people receiving the vaccine have zero out-of-pocket costs for the vaccine, related health care visits, or any adverse events related to the vaccine, regardless of their health insurance status.
  • HHS, with emergency funding from Congress, should provide funding so that state, local, tribal, and territorial governments do not bear any cost of vaccine communication efforts, working with their communities, organizing sites, training their staff, and providing personal protective equipment (PPE).

 Congress must provide additional funding and require disaggregated data collection and reporting by age, race, ethnicity, gender identity, primary language, disability status, and other demographic factors on vaccine trust and acceptance, access, vaccination rates, adverse experiences, and ongoing health outcomes.

  • CDC, and state, local, tribal, and territorial authorities should include leaders from communities of color and tribal communities and to plan on-going data collection on vaccination efforts, interpret data, add cultural context, share data with communities, and determine implications and next steps.
  • CDC, and state, local, tribal, and territorial authorities should use these data to inform ongoing prioritization of vaccine distribution and rapidly address gaps in vaccination that may arise among subpopulations by race, ethnicity, neighborhood, or housing setting.

# # #

Trust for America’s Health is a nonprofit, nonpartisan organization that promotes optimal health for every person and community and makes the prevention of illness and injury a national priority. Twitter: @healthyamerica1

 

Los estados con mayor riesgo de impactos en la salud del cambio climático suelen estar menos preparados para proteger a los residentes durante eventos relacionados con el clima, según un nuevo informe

(Washington, DC y Baltimore, MD – 9 de diciembre de 2020) – Muchos de los estados con mayor riesgo de cambio climático también son los menos preparados para lidiar con él, según un nuevo informe publicado hoy por Trust for America’s Health y Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins. Este grupo de estados enfrenta mayores peligros, incluidos huracanes, inundaciones, olas de calor y enfermedades transmitidas por vectores, pero han hecho lo mínimo para prepararse, según el informe Cambio climático y salud: evaluación de la preparación estatal.

El informe evaluó los 50 estados y el Distrito de Columbia en su nivel de preparación para los efectos del cambio climático en la salud. Los investigadores encontraron una gran variación: algunos estados han hecho preparativos importantes, mientras que otros apenas han comenzado este proceso. Ocho estados en particular son los más vulnerables a los impactos del cambio climático en la salud y los menos preparados.

Los estados en el grupo más vulnerable / menos preparado fueron: Georgia, Kentucky, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia Occidental. En general, cuanto más vulnerable era un estado, menos preparado solía estar. Muchos de estos estados de alta vulnerabilidad / baja preparación se encuentran en el sureste o sur de las Grandes Llanuras.

“Queríamos comprender mejor los riesgos que se plantean a los estados individuales y su nivel de preparación para proteger a los residentes”, dijo el autor principal del informe, Matt McKillop. “Nuestra esperanza es que el informe brinde a los funcionarios de todos los niveles información útil para prepararse mejor”.

Otro grupo de estados ha hecho mucho más para prepararse. Este grupo incluye: Colorado, Maine, Maryland, New Hampshire, Utah, Vermont, Wisconsin y el Distrito de Columbia. (Consulte el anexo para obtener un resumen de preparación estado por estado).

Los investigadores enfatizaron que todos los estados, incluidos los calificados como los más preparados, pueden hacer mucho más para proteger a los residentes de los efectos nocivos para la salud del cambio climático.

“Los impactos del cambio climático en nuestra salud exigen que los legisladores respondan”, dijo Megan Latshaw, científica de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg. “Nuestro objetivo es que todos los estados tomen esto como una llamada de atención y piensen en este informe como un punto de partida para hacer más para ayudar a que la vida de los residentes sea más segura”.

Algunos eventos relacionados con el clima, como huracanes e incendios forestales, tienen impactos obvios en la salud. Pero otros son más insidiosos, incluidas olas de calor más frecuentes; deterioro de la calidad del aire; inundaciones crónicas; y aumentos de enfermedades relacionadas con vectores, agua y alimentos. Estas amenazas ya existen. Pero el cambio climático los exacerba y también modifica o expande las regiones y poblaciones en riesgo. Además, todos estos efectos pueden afectar gravemente la salud mental y el bienestar.

Los investigadores calcularon la vulnerabilidad de cada estado analizando una variedad de factores. El medio ambiente y la geografía son cruciales, pero además, los factores sociales y demográficos también juegan un papel clave. Algunas poblaciones y comunidades son especialmente vulnerables. Los residentes de alto riesgo incluyen aquellos que son muy jóvenes o muy mayores, personas con discapacidades y quienes viven en la pobreza. A menudo, el legado y la presencia continua del racismo sistémico, incluidos los patrones de privación y discriminación, hace que las comunidades de color sean especialmente vulnerables.

El informe hace recomendaciones sobre cómo las autoridades federales, estatales y locales pueden hacer más para salvaguardar la salud de los residentes, particularmente la de los más vulnerables.

Las evaluaciones estatales se basaron en tres indicadores: vulnerabilidad, preparación para la salud pública y adaptación relacionada con el clima. Todos los hallazgos del informe son relativos, es decir, se basan en comparaciones entre estados.

Las recomendaciones incluyen:

Federal

  • El Congreso debería promulgar legislación que cree un plan nacional de preparación climática.
  • La administración y el Congreso deben financiar completamente el programa de Clima y Salud de los CDC y la Red Nacional de Seguimiento de la Salud Pública Ambiental.
  • Fortalecer el sistema nacional de salud pública y la fuerza laboral, incluso mediante la modernización de las capacidades de datos y vigilancia.

Estadal

  • Complete todos los pasos del marco de construcción de resiliencia contra los efectos climáticos (BRACE) de los CDC.
  • Reforzar la capacidad básica de preparación para la salud pública y establecer y mantener fondos y personal dedicados para los preparativos relacionados con el clima.
  • Planifique con las comunidades, no para ellas.

# # #

Trust for America’s Health es una organización no partidista sin fines de lucro que promueve la salud óptima para cada persona y comunidad y hace de la prevención de enfermedades y lesiones una prioridad nacional. En Twitter en: @healthyamerica1

La Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad de Johns Hopkins se dedica a la mejora de la salud de todas las personas a través del descubrimiento, la difusión y la traducción del conocimiento, y la educación de una comunidad global diversa de científicos investigadores, profesionales de la salud pública y otros.

States at Greatest Risk for Health Impacts of Climate Change are Often Least Prepared to Protect Residents During Climate Related Events, New Report Finds

(Washington, DC and Baltimore, MD – December 9, 2020) – Many of the states most at risk from climate change are also the least ready to deal with it, according to a new report from researchers at Trust for America’s Health and the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. This group of states faces increased hazards including hurricanes, floods, heat waves, and vector-borne diseases, but have done the least to prepare, according to the report Climate Change & Health: Assessing State Preparedness.

The report assessed all 50 states and the District of Columbia on their level of preparedness for the health effects of climate change. The researchers found a great deal of variation: Some states have made significant preparations, while others have barely begun this process. Eight states in particular are both most vulnerable to the health impacts of climate change and least prepared.

States in the most-vulnerable/least-prepared group were: Georgia, Kentucky, Mississippi, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, and West Virginia.  Overall, the more vulnerable a state was, the less prepared it tended to be. Many of these high vulnerability/low preparedness states are in the Southeast or Southern Great Plains.

“We wanted to better understand the risks posed to individual states and their level of readiness to protect residents,” said the report’s lead author, Matt McKillop, Senior Researcher at Trust for America’s Health. “Our hope is that the report will give officials at all levels actionable information to better prepare.”

Another group of states: Colorado, Maine, Maryland, New Hampshire, Utah, Vermont, Wisconsin, and the District of Columbia – have done much more to prepare (See addendum for state-by-state preparedness summary.)

The researchers emphasized that every state, including those rated as most prepared, can do much more to protect residents from the harmful health impacts of climate change.

“The impacts of climate change on our health demand that policymakers respond,” said Megan Latshaw, a scientist at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. “Our goal is that every single state will take this as a clarion call and think of this report as a starting point to do more to help make residents’ lives safer.”

Some climate-related events, such as hurricanes and wildfires, have immediate health impacts. Others are more insidious, including more frequent heat waves; deteriorating air quality; chronic flooding; and increases in vector, water, and food-related disease. These threats already exist. But climate change exacerbates them, and also shifts or expands the regions and populations at risk. In addition, all of these effects can take a severe toll on mental health and well-being.

Some populations and communities are especially vulnerable. High-risk residents include those who are very young or very old, people with a disability, and those living in poverty. Often, the legacy and continued presence of systemic racism, including patterns of deprivation and discrimination, makes communities of color especially vulnerable.

The researchers calculated each state’s vulnerability by looking at a range of factors. Environment and geography are crucial, but in addition, social and demographic factors also play a key role. State assessments were based on three indicators: vulnerability, public health preparedness, and climate-related adaptation. All of the report’s findings are relative, i.e., based on comparisons between states.

The report, released today at the 3rd annual Bloomberg American Health Summit, makes recommendations for federal and state action including:

Federal

  • Congress should enact legislation creating a national climate-readiness plan.
  • The administration and Congress should fully fund the Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) Climate and Health program and the National Environmental Public Health Tracking Network.
  • Strengthen the national public health system and workforce, including by modernizing data and surveillance capacities.

State

  • Complete all steps of the CDC’s Building Resilience Against Climate Effects (BRACE) framework.
  • Bolster core public health preparedness capacity, and establish and sustain dedicated funding and staffing for climate-related preparations.
  • Plan with communities, not for them.

 

# # #

Trust for America’s Health is a nonprofit, nonpartisan organization that promotes optimal health for every person and community and makes the prevention of illness and injury a national priority. On Twitter at: @healthyamerica1

The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health is dedicated to the improvement of health for all people through the discovery, dissemination, and translation of knowledge, and the education of a diverse global community of research scientists, public health professionals, and others in positions to advance the public’s health.

The Bloomberg American Health Initiative was created in 2016 with a $300 million gift from Bloomberg Philanthropies to the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. The Initiative is tackling key public health challenges in the U.S., focusing primarily on addiction and overdose, adolescent health, the environment, obesity and the food system, and violence. It is also working to train a new generation of professionals committed to improving health in America.

COVID-19 School Closures Put 30 Million Children at Risk of Hunger

Many States with High COVID-19 Infection Rates Also Have Highest School-Meal Programs Participation Rates

(Washington, DC – July 16, 2020) – As COVID-19 infection rates continue to increase in states across the country, many of those jurisdictions are facing the complex dilemma of high infections rates complicating school re-openings and thereby limiting students’ access to school-based meal programs. Among the states with spiking infection rates and a high percentage of students participating in school-based meal programs are Arizona, Florida, Louisiana, Mississippi and South Carolina.

In March schools across the country began closing to stop the spread of the COVID-19 virus. In response, and recognizing the important source of nutrition school-based meals were to millions of American children, the U.S. Department of Agriculture’s Food and Nutrition Service began approving nationwide waivers to provide school systems flexibility in how meals were provided to students.  For example, these waivers enable schools to serve meals in non-congregate settings and outside of standard mealtimes, serve afterschool snacks and meals outside of structured environments, and waive requirements that students be present when meals are picked up.

Over half of all students in elementary and secondary schools across the country depend on the National School Lunch Program, and 12.5 million of those students also participate in the School Breakfast Program. As the COVID-19 pandemic closed schools this spring, these students were placed at risk of not having enough to eat.

A new policy brief, Beyond School Walls: How Federal, State and Local Entities are Adapting Policies to Ensure Student Access to Healthy Meals During the COVID-19 Pandemic, released today by Trust for America’s Health, reviews steps the federal and state governments have taken to ensure students’ access to healthy meals when schools are closed and what needs to be done to ensure continued meal access as all school systems face uncertainties about how to safely reopen for the 2020-2021 school year.

“School meal programs are the most important source of nutritious food for millions of American children. To the degree possible, school systems, with financial and regulatory relief from the federal government,  should continue to be innovative about how to deliver meals to students and should strive to meet or exceed federal nutrition standards for these meals despite product shortages created by the pandemic,” said Adam Lustig, Project Manager at Trust for America’s Health and the brief’s author.

Due to the economic impact the pandemic has had on millions of American families and the numerous uncertainties about how to safely re-open schools, the currently in place program waivers should be extended through the summer and may need to be kept in place during the 2020–2021 school year, the brief says.

Many of the states hardest hit by COVID also have highest school meal programs participation rates

States with some of the highest rates of COVID-19 infections also have high percentages of students who depend on school meals for much of their nutrition. States in which both COVID-19 infection rates are above national medians and school meals program enrollment is high include Arizona, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, and South Carolina.

States in which more than half of students are enrolled in school-meals programs are:

Percentage of students enrolled in school meal programs

D.C.                                        76.4%

Mississippi                           75.0%

New Mexico                         71.4%

South Carolina                    67.0%

Arkansas                              63.6%

Louisiana                             63.0%

Oklahoma                            62.5%

Georgia                                62.0%

Nevada                                60.8%

Kentucky                             58.7%

California                            58.1%

Florida                                 58.1%

Arizona                                57.0%

Missouri                              52.7%

New York                            52.6%

Illinois                                 50.2%

Alabama                              51.6%

Oregon                                 50.5%

Hunger, poor nutrition and food insecurity can increase a child’s risk of developing a range of physical, mental, behavioral, emotional, and learning problems. Hungry children also get sick more often and are more likely to be hospitalized. Maintaining children’s access to nutritious meals despite school closures not only ensure they do not go hungry, but also promotes children’s health.

“State and federal guidelines waivers have allowed school systems to provide meals to students during the pandemic response, keeping them in place this summer and into the 2020-2021 school year will be the difference between kids who have enough to eat and kids who go hungry,” Lustig said.

# # #

 Trust for America’s Health is a nonprofit, nonpartisan organization that promotes optimal health for every person and community and makes the prevention of illness and injury a national priority. Twitter:@HealthyAmerica1